¿Patadas de ahogado o golpes certeros?

El pasado 25 de noviembre, se presentaron informaciones ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para solicitar que se investigue la probable comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por parte de autoridades mexicanas y grupos delictivos. Esta mal llamada “denuncia”, firmada por alrededor de 23 mil personas, ha causado gran polémica.

El Gobierno de la República manifestó, en un desplegado, que las acusaciones son claramente infundadas e improcedentes y que se procedería legalmente contra de quienes las realizaron. En respuesta a las “amenazas” – como las llamaron – del Gobierno Federal, algunos firmantes acudieron el 29 de noviembre a las instalaciones de la Procuraduría General de la República a “entregarse”. Pudieron advertirse expresiones tales como “nos quieren llevar a juicio por el supuesto delito de calumnias” derogado en el Código Penal Federal, y “¡Juicio a Calderón genocida!” siendo que el genocidio, es un tipo penal totalmente independiente de los crímenes que se pidieron fueran investigados. De esto sólo se evidencia que estas personas no están ni siquiera informadas del contenido de la redacción y que su inconformidad con la política del gobierno de Calderón y sus firmas, por cierto recabadas online, están siendo mal utilizadas por los responsables de la misma. La pregunta es si realmente hay interés en que estos crímenes internacionales se investiguen o si toda esta puesta en escena obedece a motivos exclusivamente políticos, pues basta leer un poco sobre quién es Netzaí Sandoval Ballesteros, el redactor, para pensar mal y, muy probablemente, acertar.

Como mínimo, se esperaría que estuviera suficientemente enterado del objetivo y la actuación de la Corte Penal Internacional, antes de hacer de este, un asunto público e involucrar a personas e instituciones del Estado Mexicano. Sin embargo, no hace falta analizar a fondo la información que se remitió a la Fiscalía para asegurar, que esta iniciativa no va a llegar más lejos. En primer lugar, se ha estado hablando de violaciones a derechos humanos con más frecuencia que sobre la comisión de crímenes internacionales, pues la Corte sólo se ocupa de los segundos.

Para pronosticar el futuro de estas informaciones, debe analizarse la competencia de la Corte en esta situación, y la admisibilidad de la misma para proceder a una investigación. Para acreditar la competencia deben cumplirse las exigencias impuestas por los propios tipos penales descritos en el Estatuto de Roma, en los Elementos de los Crímenes (instrumentos que regulan la actuación de la Corte) y sus interpretaciones en la jurisprudencia de sus órganos. Y en cuanto a la admisibilidad, debe analizarse a la luz de las investigaciones y enjuciamientos a nivel nacional, la falta de capacidad o de disposición del Estado para actuar así como acreditar un estándar de gravedad determinado. Esto, en términos simples, se traduce en que existen los controles suficientes para prevenir accionar la jurisdicción excepcional de la Corte de manera innecesaria y caprichosa como parecen querer hacerlo.

Lo dicho no busca justificar las fallas del Gobierno Federal, sino señalar que la reacción a estos errores es completamente errada y que es inaceptable y abusivo tomar ventaja de la ignorancia de los firmantes para llevar a cabo este tipo de acciones frívolas.

Jessica Espinoza.